La puesta en libertad de los ocho detenidos en la última operación de la Guardia Civil y del abogado Eneko Etxeberria, sorpresivamente arrestado e incomunicado en la propia Audiencia Nacional, supone desde el punto de vista humano una extraordinaria noticia para los afectados, sus familiares y allegados y para todos cuantos han visto en esta intervención judicial una inexcusable conculcación de los derechos más elementales que deberían respetarse en un Estado que se autodenomina democrático. Sin embargo, la lectura política que debe realizarse de todo este operativo es en todo caso alarmante. El Estado ha vuelto a mostrar sus poderes. Ha demostrado que puede arrancar de sus casas a ocho ciudadanos vascos en plena noche, introducirlos en un agujero negro en el que durante cinco días no se sabe absolutamente nada de ellos y después devolverlos a Euskal Herria debidamente marcados y con una espada de Damocles pendiendo constantemente sobre su cabeza en los próximos años. Ha demostrado que nada le impide aplicar a cualquiera los más estrictos términos de la legislación antiterrorista ­incomunicación y prórroga de la detención­ aunque sea acusado de supuestos delitos económicos de todavía no aclarada conexión con una organización armada. Ha demostrado que puede utilizar los malos tratos físicos o ceñirse a la presión sicológica según sea su voluntad (lo ocurrido en este caso evidencia que la denuncia de torturas no es una consigna). Ha demostrado que puede detener e incomunicar a un abogado que está en contacto constante con el juez haciéndole llegar documentación relativa al caso. Y ha demostrado que puede hacer todo ello con absoluta impunidad e incluso con soberbia.

Muchos son los aspectos claramente criticables que ha dejado al descubierto esta operación y en ellos se están centrando buena parte de las reacciones que se están produciendo desde Euskal Herria. Sin embargo, tal y como afirmaron Joan Mari Torrealdai y Xabier Mendiguren al término de la multitudinaria manifestación del pasado sábado, la gran labor que queda pendiente es la de pasar de la denuncia de los zarpazos de Madrid a dar los pasos necesarios para conseguir acordar un pacto estratégico que nos saque de «la rueda de la impotencia», la de «organizar una unidad de acción que haga frente al ataque del Estado». No cabe quedarse ahora inermes esperando cuál será el próximo golpe. -