Durante este último mes, tras las últimas detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional, muchos responsables políticos, periodistas, tertulianos y un sinfín de personajes han decidido airear su indignación, cuando no sus reservas, tanto por las propias detenciones como por la forma en que se han realizado, en definitiva, por la «justicia» vigente. Todas estas denuncias han conseguido aumentar en nuestro ánimo, si es posible, la impotencia, indefensión e incredulidad ante lo que vivimos. Vaya por delante nuestro afecto y solidaridad con las personas detenidas, sus familiares y amigos, por la terrible experiencia que han sufrido, ya que la conocemos y sufrimos con frecuencia.

Pero, dicho esto, queremos denunciar la falta de ética, responsabilidad política, honradez personal y hasta la desvergüenza de personajes que han realizado declaraciones contra la forma de esas detenciones, de madrugada, la incomunicación, el terror de los familiares ante posibles torturas, la inexistencia de la presunción de inocencia y un etcétera inagotable de ausencia de derechos. Todo esto es motivo de ese casi imposible aumento de nuestra indefensión, impotencia y de rabia contenida.

El consejero de Justicia preguntaba en sus declaraciones: «¿Quién se responsabiliza ahora de lo sucedido con los detenidos? ¿Y de la aplicación de la Ley Antiterrorista?». Fríamente declaraba que, antes de aplicar estas leyes, está el derecho a la presunción de inocencia, que no se aplica en este estado. Y en eso sí estamos de acuerdo con usted, señor Azkarraga. ¿Pero quién se responsabiliza de esas mismas actuaciones cuando son su gobierno y usted mismo los que actúan? Ustedes utilizan los mismos métodos, aplican las mismas leyes y provocan el mismo sufrimiento e indefensión en centenares de familias, para conseguir, a través de la incomunicación, destrozar las vidas de nuestros hijos e hijas. En ocasiones, con denuncias de torturas y malos tratos en comisarías de la Ertzaintza, de las que tenemos constancia aunque no podamos llegar a demostrar. Porque todos conocemos la imposibilidad de hacerlo, ¿verdad, señor consejero?

El lehendakari alaba las maravillas del protocolo de Interior para garantizar los derechos de los detenidos e incomunicados. El señor Balza presume de él en Europa, al mismo tiempo que de la imposibilidad de que pueda ser grabada toda la incomunicación por no sabemos qué razones.

El responsable de Derechos Humanos se manifiesta contra la incomunicación pero, si no es po- sible, mejor tener este protocolo que nada, a pesar de tener conocimiento, nos consta, de las denuncias de tortura y/o malos tratos tras su aplicación.

El protocolo, como denunciamos en su momento, no ha aportado garantías ni a los detenidos por la Ertzaintza que ya denunciaron torturas, ni a sus familias, que han sufrido la misma impotencia e indefensión que en ocasiones anteriores.

El señor Arzalluz habla ahora de estado de excepción. Hace tiempo que nuestras familias están viviendo esa situación y en muchas ocasiones con la inestimable participación de la Ertzaintza que el Gobierno Vasco nos envía.
Cuando se denuncia la aplicación de unas leyes especiales y los métodos de excepción que posibilitan, por considerarlas desproporcionadas y no garantistas de los derechos de las personas, lo que hay que hacer es, simplemente, no aplicarlas, porque, en caso contrario, se participa de la misma responsabilidad que aquellos a los que se denuncia. ¿Quién se responsabiliza de las graves consecuencias de sus mismas bárba- ras actuaciones?

Porque no sólo conocemos el dolor y el sufrimiento de esos terribles días de incomunicación. Muchos continuamos nuestra angustia viendo a nuestros hijos e hijas dispersados en lejanas cárceles y desprovistos de sus más elementales derechos como personas. Cárceles a las que ustedes los envían, porque son ustedes los que solicitan las órdenes de registro y detención a la Audiencia Nacional. Se los llevan, los incomunican, les aplican las leyes especiales y los trasladan ante jueces también especiales, sabiendo que con sus no demostradas sino «arrancadas» declaraciones serán ingresados en cárceles a cientos de kilómetros de los suyos. Pero también se pronuncian ustedes en contra de la dispersión. ¡Que hipocresía!

Durante este último mes, ahora mismo, tenemos una vez más claros ejemplos de otras de las graves consecuencias de sus actuaciones. Tres jóvenes de Elorrio han sido condenados a 13 años y 3 meses de cárcel por imputaciones de la llamada kale borroka. Acusaciones no demostradas, como quedó patente en el juicio. Estos jóvenes se presentaron voluntariamente tras permanecer más de dos años con sus familias, pero se ha ordenado su detención e ingreso en prisión sin esperar el recurso.
Otros dos jóvenes vizcainos juzgados la pasada semana se enfrentaron a una petición fiscal de 18 años. La imputación estaba relacionada con el intento de incendio de una oficina de correos en Berango, que, según el agente de la Ertzain- tza que declaró en el juicio, provocó «daños menores». Y según se vio en el juicio, nadie demostró que fuesen los acusados los que los causaron. Esta vez ni se ha esperado a la sentencia y uno de los jóvenes, que se trasladó voluntariamente a Madrid para el juicio, fue ingresado en una prisión ma- drileña alegando «riesgo de fuga». La «suerte» de estos dos jóvenes ha sido que la rápida justicia les ha rebajado la sentencia a 9 años de cárcel. 9 años de su vida encarcelados por haber causado «daños menores» en una oficina de correos, en un juicio en el que nadie ha presentado la más mínima prueba de su implicación.

Sin embargo se ha condenado a 13 años de cárcel a quien terminó con la vida y arrojó al mar a un joven ecuatoriano en Barcelona. Desconocemos si la diferencia está en que quien provocó la muerte del joven no era vasco o si la causa es que la vida del joven ecuatoriano tenía menos valor para esta «justicia» que un cajero automático.

Cientos de jóvenes han sido o van a ser juzgados bajo esas leyes y jueces especiales en la Audiencia Nacional de Madrid, sobre cuya «imparcialidad» en estos casos todos tenemos perfecto conocimiento. Juicios en los que nadie tiene que demostrar la culpabilidad de los acusados, en los que, también con informes de la Ertzaintza, que sólo contienen autoinculpaciones conseguidas en sus comisarías con denuncias de torturas (que no se podrán demostrar) y sin ninguna prueba real, van destrozar con salvajes condenas cientos de jóvenes vidas. ¿No es así señores políticos, tertulianos y personajes varios? ¿O es que dependiendo de diferentes momentos, temas o conveniencias, sean políticas o de otro tipo, el funcionamiento de esa «justicia» les hace cambiar de criterio y las declaraciones y pronunciamientos de los días pasados no tienen validez? ¿Quién tiene la responsabilidad de estas barbaridades?

Las denuncias de Gurasoak durante los últimos años son desoídas u ocultadas por muchas de esas personas a las que hemos escuchado (afortunadamente en ésta ocasión) durante este último mes.

El futuro de Euskal Herria está constituido, entre muchos otros, por nuestros hijos e hijas, estos jóvenes a los que se está condenando a vivir experiencias que difícilmente podrán olvidar, ni ellos ni sus familiares y amigos. La solución al conflicto político existente, con Plan de Convivencia del Gobierno Vasco o sin él, no puede venir de la mano de la hipocresía, de la ausencia de responsabilidad política, ni de continuar sembrando sufrimiento e injusticia dependiendo de las conveniencias políticas, personales o de quién sea el agredido.

La esperanza en un futuro mejor nos hace exigir, una vez más, que se pongan los medios para que las denuncias escuchadas durante los últimos días en boca de algunos de los responsables de poder evitarlas se conviertan en esa realidad a la que todos decimos aspirar.

Entretanto, continuaremos defendiendo los derechos de nuestros hijos e hijas, conscientes de que, a pesar de la angustia y el sufrimiento que se les causa, son la mejor garantía de una Euskal Herria en paz en la que se respeten los derechos de todos y todas. -