Los datos, los fríos números, son ya escalofriantes. Entre 1977 y 2002 más de 5.300 de ciudadanas y ciudadanos vascos han denunciado haber sufrido torturas en las comisarías o cuarteles. Podría pensarse que estas denuncias corresponden a los oscuros primeros años de la llamada transición. No es cierto. En pleno siglo XXI se siguen produciendo aproximadamente un centenar de denuncias anuales de torturas o malos tratos. El año pasado fueron 89. Pero conviene no detenerse únicamente en las cifras. Pensemos por un momento el infierno que han pasado cada una de esas personas. Gentes de todo tipo. Jóvenes y mayores. Activistas de ETA y clérigos. Estudiantes o directores de periódicos. Cada uno de ellos incomunicado, aislado de otro mundo que no sea la inhumana crueldad de sus torturadores y la estrategia de un Estado. Calculen lo que puede ser un minuto en esa situación y multiplíquenlo por cinco días. Y recordemos las muertes de Joxe Arregi, Esteban Muruetagoiena, Mikel Zabalza, Gurutze Iantzi y Xabier Kalparsoro. La tortura no es únicamente un método ilegal y cruel de obtener información. En ocasiones ni siquiera es ésa su pretensión. Es también un factor de intimidación social, un agente paralizante, una demostración de la fuerza e impunidad del Estado. En definitiva, un instrumento de dominación. Por ello, en la lucha contra la tortura hay un componente humano ­la necesidad de acabar con la práctica de infligir sufrimiento a los detenidos­, pero también hay un fuerte componente de trabajo por la liberación colectiva.

Ningún estado admite el empleo de la tortura. Pero ahí están las denuncias de Amnistía Internacional y del relator de la ONU. Y ahí están también los métodos cada vez más sofisticados para evitar que se reconozca al torturador, para no dejar marcas, para intimidar a quien pretenda denunciarla, para dilatar las denuncias presentadas, para que las investigaciones no den frutos, para alargar los procesos durante años, para que las condenas sean imposibles, cuando se produzcan sean muy leves y aún así se recurran. Y ahí está la evidencia de los gobierno indultando ­y en ocasiones condecorando­ a los pocos condenados existentes. Y el atronador silencio de la mayoría de los medios de comunicación. La negación de la evidencia a base de ocultarla bajo la mugrienta alfombra de los intereses de estado.

Hay muchas formas de luchar contra la tortura. Una de ellas es hacerla visible. Denunciarla y combatirla. Otra, es la de superar su efecto paralizante, tanto en lo individual como en lo colectivo.

En cuanto a la labor de las instituciones, las actuaciones que pueden llevar a cabo están ya reiteradamente descritas por organismos nacionales e internacionales: suprimir la incomunicación del detenido, respetar su derecho a no declarar, facilitar la presencia de abogados y médicos de confianza, acabar con los espacios opacos y de impunidad, y actuar con determinación en los casos de denuncia, teniendo en cuenta que la labor de un gobierno ­incluida la cartera de Interior­ y de la judicatura, es en estos casos velar por los derechos del ciudadano agredido y no la defensa corporativa del ciudadano. Lamentablemente no es esa la actitud que se observa en las administraciones que nos gobiernan. Incluso aquellas como el Gobierno tripartito, que hacen declaraciones formales condenando los casos de tortura cuando se denuncia que se producen a manos de la Guardia Civil o la Policía española, y responden de forma muy similar a la que lo hace el Ejecutivo de Madrid cuando la denunciada es la Ertzaintza.

Para acabar con la tortura hace falta, sobre todo, voluntad democrática de no utilizar la superioridad de la maquinaria institucional en contra de la propia ciudadanía. Pero aquí y hoy, quienes denuncian torturas no son vistos como víctimas a ayudar y proteger, sino como enemigos a desacreditar. -